En boca del mentiroso…

Nos lo recordaba siempre nuestro abuelo: “En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”, y hoy no hace falta ser muy despierto para darse cuenta de quién vamos a hablar.

La historia debería comenzar hace no menos de 20 años, hasta esa época nos llevan nuestros archivos cuando de trazabilidad animal se trata. Inclusive los productores ganaderos usábamos caravanas para identificar individualmente a nuestros animales desde bastante tiempo antes.

Nadie que se encuentre ligado a la ganadería desconoce el tema, nadie minimiza su importancia y todos saben los beneficios que tiene la identificación individual del ganado bovino, no hace falta dedicarle más papel y tinta al tema.

Y entonces, ¿cuál es el problema de que nuestro país se decida a implementar un sistema nacional? El problema es que la idea y la puesta en práctica es una iniciativa de la AFIP, sí, el organismo recaudador del Estado controlado por Ricardo Echegaray, el de los feed lots truchos, el de los subsidios millonarios pagados en efectivo a un indigente marplatense sin explicación, el mismo que hizo de-saparecer la ONCCA de un plumazo para tapar vaya uno a saber qué cosa…

No es una iniciativa que venga a satisfacer una necesidad urgente del sector. Tampoco es un proyecto que haya surgido del consenso de todos los actores de la cadena de la carne, quienes conocen el tema en profundidad y podrían haber aportado ideas que surgen de largos años de experiencia en esa materia.

Convengamos que tampoco llega en un momento adecuado, sino justo en medio de una de las peores crisis de los últimos 50 años que afecta de manera grave a la ganadería nacional.

La resolución 3.649/14 –publicada el 14 de julio en el Boletín Oficial– implementa el Sistema Fiscal de Trazabilidad Animal (SIFTA), el cual controlará de manera informática los movimientos de la totalidad del rodeo bovino nacional y cuyo costo será cubierto por los productores. Un negocio de algo más de US$ 500 millones que se pone en marcha sin la participación ni la opinión de los dueños de las vacas, y de la plata con la que se pagarán los nuevos costos de producción.

Una lluvia de quejas y opiniones adversas caerá sobre el implacable recaudador de impuestos una vez más. Una vez más se sentará con cara de póquer a explicarnos que “a llorar al campito”, la resolución debe cumplirse o no se podrá comercializar la hacienda, se dará de baja el CUIT y lo mandarán a dormir sin comer. Así se maneja este gobierno que se dice democrático a ultranza sólo para lo que le conviene; cuando alguien decide opinar distinto le muestran las tiras y sonríen sarcásticamente como para que no se note. ¡Pero lo mismo se nota!

Y como para completar el panorama, mediante una resolución conjunta –publicada en el Boletín Oficial el 15 de julio– de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), se obliga a registrar e informar la totalidad de las operaciones de granos. La norma alcanza la comercialización de cebada forrajera, girasol, maíz, soja, aceite de soja, sorgo y trigo, y afecta a todas las operaciones de compraventa incluidas las del disponible, contado, a término, forwards, a fijar precio o de otras modalidades, incluyendo las denominadas directas, como por ejemplo entre el productor y el exportador. La regulación establece dos cambios esenciales para el esquema de la conformación de precios del mercado granario: la obligatoriedad de declarar los precios y la de informar la calidad.

Esta norma, que viene claramente a beneficiar la transparencia de la formación de los precios de pizarra, es un claro ejemplo de que a este gobierno K ya nadie le cree nada.

Desde hace casi 40 años la conformación de precios se realiza mediante la información voluntaria de las operaciones –el 60% del total de las compraventas, aproximadamente–. Ese sistema funcionó un poco mejor o un poco peor, aunque siempre signado por los intereses comerciales de los eslabones más fuertes de la cadena. Durante los últimos quince años, la realidad se desacopló totalmente respecto de los precios pizarra, orientativos para el productor y la cadena de comercialización granaría. Basta con remitirse a comunicados de las entidades de hace unos pocos años atrás para recordar sus quejas por la poca transparencia que inspiraban dichos precios. Con la resolución publicada en el Boletín Oficial, la certeza para la conformación de precios será absoluta porque cada operación deberá registrarse de manera compulsiva y sin dilaciones en el tiempo, y sin embargo…

Para confirmar la hipótesis formulada al comienzo de este editorial nos remitiremos a la comunicación de la Confederación de Asociaciones Rurales (CRA): “Ante tantas mentiras que poblaron la llamada década ganada es imposible a esta altura de los acontecimientos pretender creer que la intromisión de la CNV sólo corresponde a una intención por mejorar la información de mercado”.

Es decir, en boca del mentiroso…

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