FADA septiembre(2)

La participación del Estado en la renta agrícola es del 94,1%

El índice FADA del mes de septiembre registra otro récord de participación del Estado en la renta agrícola argentina. Termómetro del campo. Explicaciones e impactos de este dato.

Que el Estado participe del 94,1% de la renta agrícola significa que la sumatoria de los tributos (provinciales y nacionales, incluidos los derechos de exportación) y los costos de intervención (efecto ROEs en trigo y maíz), representan $94,10 de cada $100 que genera de renta una hectárea promedio en Argentina.

La renta es lo que vale la producción menos los costos, en otras palabras, el resultado que se obtiene al restarle los costos de producción, comercialización y transporte al valor de la producción a precios internacionales.

La producción y costos de la hectárea se calculan utilizando los rindes, costos y distancias al puerto promedio a nivel nacional para los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol y ponderándolos por la participación de estos cultivos en el área sembrada nacional. Así, se obtiene la renta, la que se distribuye en el resultado de la producción después de impuestos, la renta de la tierra y la participación del Estado.

El incremento de la participación del Estado con respecto al 93,5% de junio de 2015 y al 81,7% de hace un año, se debe a la combinación de factores como la caída de precios de las commodities agrícolas y a que la devaluación fue menor al incremento de costos.

En el último año, la soja cayó un 18,6% en dólares, mientras que el maíz bajó apenas un 0,6% (había bajado anteriormente) y el trigo bajó un 20,4%; al tiempo que la devaluación fue del 11%. Es decir, en el caso de la soja, el precio en pesos bajó un 10% mientras que los costos se incrementaron un 17,5%. Cabe aclarar que la caída de precios se viene dando desde 2012 y el atraso cambiario (devaluación menor a la inflación) ocurre prácticamente todos los años desde el 2004. Este atraso cambiario también complica a todos los sectores exportadores del país.

Fada

Distribución de la renta agrícola

Por el problema de rentabilidad que esta situación ha generado en los últimos años, solo paliado por el récord de cosecha, el valor de los alquileres de campos se han ido negociando a la baja. Principalmente, porque es el único ítem susceptible de bajar ya que no lo hacen los impuestos ni los costos. Por ello, para esta medición se ha relevado una baja promedio de entre el 20% y el 30% en el valor de los arrendamientos medidos en quintales de producto, por lo que si consideramos la caída del valor de los productos, en pesos, esta caída es incluso mayor.

La baja de los alquileres permite atenuar los números rojos del campo argentino, pero no alcanza para que el resultado después de impuestos en campo alquilado sea positivo. Para la hectárea promedio, con la superficie ponderada de soja, maíz, trigo y girasol, el resultado es de -$302 por hectárea, mientras que en campo propio es de +$227, representando menos de un 20% del promedio de los últimos 8 años.

La causa de esta pobre rentabilidad, además de la baja de precios, que llevan más de un 40% de caída desde los máximos, es la existencia de los derechos de exportación y las restricciones a las exportaciones (ROE), ambas medidas que los países competidores de Argentina no poseen. Para graficarlo, el trigo tiene un derecho de exportación del 23%, pero por efecto de los ROE vale en el mercado interno U$S 35 menos de lo que debería valer (costos de intervención). Por esta razón, el productor de trigo termina recibiendo en Argentina un 58% del precio internacional. Algo muy similar ocurre con el maíz, en lugar de ser el 58% es el 59%. Mientras que recibe un 65% en el caso de la soja. Un productor en Uruguay o Brasil recibe un valor más cercano al 100%.

Estos datos, más allá de ser una mala noticia y un problema para los productores agropecuarios, generan un efecto negativo trascendente para la sustentabilidad del sistema productivo agrícola. Esto porque cada vez se rotan menos los cultivos, sembrándose más soja y menos trigo y maíz. Esta menor rotación genera pérdida de carbono en el suelo y malezas resistentes a herbicidas, que a su vez requiere que se apliquen más agroquímicos.

Pero además de ser una mala noticia para los productores y para el suelo, debería ser una preocupación para las economías y el empleo del interior, ya que la dinámica de la construcción y el comercio dependen en gran medida de los recursos genuinos originados en el suelo argentino.

 

Fuente: Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA)

FADA junio

La participación del Estado en la renta agrícola en junio fue del 93,5%

FADA publicó la última medición del Índice FADA de participación del Estado en la renta agrícola, afirma que el Estado se lleva $93,50 de cada $100 de renta que genera el campo.

El peso de los diferentes impuestos e intervenciones estatales sobre el campo argentino continúa creciendo. La participación del Estado en la renta agrícola ha saltado de un promedio del 74% – 75%, durante el periodo 2009- 2013, al actual 93,5%. El motivo de este salto no ha sido el incremento de los impuestos, sino la permanencia de tributos como los derechos de exportación, provenientes de un contexto con un tipo de cambio real alto y buenos precios de los commodities agrícolas. La situación actual es muy distinta: atraso cambiario, inflación y caída de los precios internacionales.

Si se toma como ejemplo la soja, se puede ver que hoy vale el 55% de lo que valía en septiembre de 2012, es decir, casi la mitad que hace 3 años. Esto provoca que la renta que genera una hectárea se reduzca y la participación del Estado crezca, ya que el derecho de exportación, el tributo más importante, actúa sobre el valor bruto, es decir, no tiene en cuenta los costos para producir, comercializar, transportar y administrar la producción.

Gráfico 1

Que el Estado se apropie del 93,5% de la renta agrícola significa que la sumatoria de los tributos (provinciales y nacionales) y los costos de intervención, representan $93,50 de cada $100 que genera una hectárea promedio. La renta es lo que vale la producción menos los costos, es decir, el resultado que se obtiene al restar los costos al valor a precios internacionales de la producción de esta hectárea.

La producción y costos de esta hectárea se calculan utilizando los rindes, costos y distancias al puerto promedio a nivel nacional para los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol y ponderando los por la participación de estos cultivos en el área sembrada nacional.

Así, se obtiene la renta, la que se distribuye en el resultado de la producción, la renta de la tierra y la participación del Estado.

Gráfico 2

Los costos de intervención, principal consecuencia de las restricciones a la exportación aplicadas por el gobierno Nacional (ROE), generan importantes efectos negativos en los mercados de trigo y maíz. Hoy el maíz se vende al 78% de su precio teórico en el mercado interno (efecto ROE) y al 62% de su precio internacional (efecto ROE más efecto derechos de exportación). Mientras que el trigo se vende al 63% de su precio teórico dentro de Argentina y al 48% de su precio internacional. Es por ello que muchas veces los productores dicen que tienen una “retención” efectiva de 48% en maíz y 52% en trigo.

Este tema de precio se traduce en un problema de rentabilidad y en incentivos negativos a cultivar maíz y trigo. El problema radica en la necesidad de sembrar estos cultivos por el bienestar de los suelos. Por un lado, el maíz y el trigo aportan materia orgánica a la tierra, mientras que cultivos como la soja la extraen. Por otro lado, la rotación es buena para controlar las malezas, si se cultivan las mismas especies muy seguido aparecen malezas resistentes y se deben utilizar más agroquímicos y más fuertes para matarlas. Por lo que el problema de precio y rentabilidad se convierte en un desafío para la sustentabilidad de la producción agrícola. Hoy se siembran 5 hectáreas de soja por cada una de maíz, cuando la relación debería estar lo más cerca de 1 posible; y se están cultivando la mitad de las hectáreas de trigo que en 2002 – 2003.

Que el índice FADA mida la participación del Estado en el 93,5% expone un problema de rentabilidad muy grande y explica el descontento de los productores rurales en todo el país. La campaña que viene se van a cultivar menos hectáreas, más soja, menos maíz, menos trigo, con menos tecnología y menos fertilización. Y la problemática se potencia en las economías regionales.

El país necesita un cambio urgente de políticas públicas para revertir esta situación, mejorar la sustentabilidad, producir más, exportar más y generar más empleo. Es necesario que los políticos que toman las decisiones comprendan que el tema excede al bolsillo del productor agropecuario, que afecta al suelo que le dejamos a nuestros hijos, que afecta de manera directa a las economías del interior, que incide sobre las exportaciones y la disponibilidad de dólares y que toca de manera directa a la generación de empleo genuino.

Con las políticas correctas, se podrían generar medio millón de puestos de trabajo en todo el país.

 

Fuente: Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA)